lunes, 17 de noviembre de 2014

Ni régimen del 78' ni Constitución de la casta, pero hay que reformarla






Existe una realidad que se impone inexorable. Casi cuarenta años después de su aprobación, la Constitución no responde a las necesidades del momento y requiere una profunda revisión. Si en 1978, tras una larga, cruenta y penosa dictadura, la preocupación principal del poder constituyente radicaba en la defensa y garantía de los derechos y libertades ciudadanas, hoy, tras experimentar los efectos sociales de una crisis económica sin precedentes, la protección de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos también reclama un grado de protección que entonces no se consideró necesario. Del mismo modo hoy se evidencia insuficiente la solución de la organización territorial del estado con que la Constitución de 1978 pudo dar respuesta a las aspiraciones de mayor autonomía que reclamaban casi en exclusiva las comunidades históricas, al tiempo que el devenir de los acontecimientos ha revelado graves disfunciones en el comportamiento de las Administraciones Públicas y otras instituciones básicas del Estado que deben ser dotadas de mayor eficiencia y eficacia, y sometidas a controles más intensos.

Ello no obstante, calificar despectivamente como “régimen” el modelo constitucional surgido del 78 me parece una falacia, como lo es responsabilizar a la Constitución de los efectos devastadores de la crisis y del grado de deterioro institucional y social que la crisis está poniendo al descubierto.

La Constitución no es causante de la crisis ni constituye un impedimento para su superación; han sido las políticas conservadoras las que nos han traído a esta situación insoportable. Ha sido con esta constitución como han visto la luz las pensiones no contributivas y se consideró que las becas debían ser un derecho, aunque luego el PP se ha encargado de recortarlas. Fue bajo los dictados de la Constitución cuando se construyeron y dotaron centenares de colegios e institutos, infinidad de centros de salud y decenas de hospitales públicos que conformaron un sistema de salud universal y gratuito envidiable y envidiado, que ahora el PP entrega a manos privadas o gestiona desde la perspectiva del negocio. La Constitución permitió que el país se dotara de infraestructuras que pusieron al país a la altura de los tiempos.

La Constitución poco tiene que ver con la crisis ni sus efectos. La crisis es consecuencia de la persistencia de las políticas conservadoras predominantes en Europa durante las últimas décadas, cuyas consecuencias se han agravado en España por un gobierno conservador que ha encontrado en las exigencias de las instituciones europeas la excusa y ocasión perfecta para aplicar su siempre anhelado programa neoliberal.

En las pasadas elecciones se advirtió hasta la extenuación del riesgo de que con las políticas de un gobierno conservador la crisis golpearía con fuerza a los más débiles. Sin embargo los ciudadanos votaron y otorgaron al Partido Popular no sólo el gobierno sino una mayoría parlamentaria que le ha permitido gobernar y recortar derechos sin cortapisas ni contrapesos. Una mayoría conservadora a la que, por cierto, al igual que a las que el Partido Popular ha venido detentando en multitud de comunidades y municipios durante años, contribuyó la indolente abstención de muchos de quienes ahora se han caído del caballo, al comprobar en sus carnes y con toda la crudeza que eso de la política, que antes no les interesaba en absoluto, en realidad iba en serio y les afecta muy de lleno. Los mismos, muchos de ellos, que hoy se entregan con entusiasmo al discurso incierto y populista de Podemos.

Mas los tiempos y las circunstancias cambian y hoy se ha puesto de manifiesto que la Constitución requiere una revisión y parece que se conforma una mayoría social que la reclama. Por eso la constitución se acabará reformando y, como siempre ha ocurrido cuando se trata de avanzar y de progreso, a pesar del Partido Popular, que curiosamente en estos momentos defiende a ultranza la misma Constitución que en 1978, entonces con la denominación de Alianza Popular, votó a regañadientes cuando no se abstuvo. No es de extrañar, son los conservadores de siempre y lo llevan en los genes.